Un nuevo sistema de puntuación ecológica en Francia busca frenar el impacto ambiental de la industria textil.
La industria textil es una de las que más genera debate en lo que se refiere al impacto que tiene sobre el medio ambiente. Se trata de una de las más contaminantes a causa de la cantidad de desechos que produce, y del agua que gasta y contamina. Según cifras de la agencia medioambiental francesa Ademe, en Francia, cada segundo, se desechan 35 prendas de ropa, lo que equivale a más de mil millones de piezas al año. A nivel global, se estima que el sector textil representa cerca del 10 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y que es responsable del 20 % de la contaminación industrial del agua.
Es por ello que se han creado terminologías como fast fashion, que hablan de la compra masiva y desmedida de ropa. Como consecuencia de ello, varias marcas del mundo han creado sistemas para hacer de sus compañías espacios seguros para el planeta, aunque con niveles muy variables de compromiso real.
Recientemente, en medio de ese extenso debate, Francia dio un paso al frente con una decisión que ha sido aclamada en el resto del mundo. El senado de ese país decidió regular el comportamiento de empresas que se dedican a crear productos sin la consciencia de calidad y cantidad. Gigantes como Shein y Temu serían las principales golpeadas.
¿Qué decidió Francia respecto a la Fast Fashion?
La medida, lo que busca, es reducir el impacto medioambiental y financiero que tiene la moda rápida o fast fashion. La idea es lograr ello a través de un sistema de puntuación ecológica que evaluará la presencia y el actuar de diferentes compañías en el panorama. Es de destacar que la fast fashion se caracteriza por vender barato y en inmensa cantidad.
Las marcas que tengan las puntuaciones más bajas, es decir, que cumplan con las características que las convierten en peligrosas para el planeta, serán gravadas con un impuesto de 5 euros. En 2030, aquel valor subiría a 10 euros. El impuesto, aclara la nueva normativa, no podrá superar el 50 % del precio de venta al público del artículo. Además del impuesto, quienes hagan publicidad a marcas consideradas como destructivas podrían ser sancionados con hasta 100 mil euros.
Es importante resaltar que marcas como Zara, H&M y Kiabi estarán exentas de las sanciones más fuertes de la normativa. La legislación hace una clara diferencia entre la fast fashion tradicional y lo que denomina ultra fast fashion, una categoría en la que entran compañías con una velocidad de producción y comercialización que supera todos los precedentes. En el caso de Shein, por ejemplo, se estima que lanza más de seis mil nuevos productos al día, lo cual intensifica el modelo de consumo masivo y efímero.
Las opiniones sobre la medida
‘Tenemos un texto que se va a centrar en dos marcas y, por tanto, deja fuera lo que representa al menos el 90% de la producción y la ropa que se vende en Francia. Estamos muy decepcionados porque, al final, vemos que es la protección económica la que se ha convertido en el principal motor de este proyecto de ley. En cambio, al principio existía la ambición de avanzar hacia prácticas más sostenibles’, mencionó Pierre Condamine, director de campaña de Amigos de la Tierra Francia, en una entrevista con el portal informativo Euronews.
‘Tenemos que defender lo que queda de nuestras industrias europeas. Tenemos que hacer una distinción entre la producción que hacen en China estos gigantes: hablamos de escalas cien veces mayores que las nuestras’, añadió al respecto la senadora conservadora Sylvie Valente.
Shein, una de las compañías que más se encuentra en el ojo del huracán, mencionó que ha dispuesto esfuerzos para mejorar sus procesos de producción. ‘Este año invertimos trece millones de euros en la seguridad y conformidad de los productos, incluidos 2,5 millones en pruebas de seguridad y calidad, lo que supone un aumento del 25% respecto al año pasado’, se mencionó desde la vocería de la compañía. Sin embargo, advirtieron que la implementación de estas medidas podría aumentar el precio por prenda hasta en 12 euros, afectando especialmente a los consumidores con menos recursos.
